Flavio Meléndez Zermeño
La salida de Carmen Aristegui del noticiero matutino de W Radio
constituye un acto de censura por parte de Televisa y el Grupo Prisa. El
argumento del comunicado de prensa de Televisa Radio, en
el sentido de que el trabajo de la periodista no se ajusta a un
modelo que la empresa viene implementando con éxito en otros países y
que “tras un año de conversaciones no hubo posibilidad de un
acuerdo entre ambas partes para incorporar a Carmen Aristegui a este
modelo en México, basado en el trabajo en equipo y el derecho a la
información plural y que obtiene liderazgo de audiencia en
todos los países”, indica en su decir textual que de lo que se
trataba para la empresa era de “incorporar a Carmen Aristegui”, es
decir, convertirla en un elemento de la corporación: no hay que
olvidar que Televisa es una corporación no sólo en el sentido de una
gran empresa que incorpora a otras, sino que además durante décadas fue
uno de los pilares del régimen priísta y de su sistema
corporativo de control social. Una corporación en un sistema de este
tipo funciona como un cuerpo que sostiene su unidad a costa de excluir
lo que aparece como diferente, como cuerpo extraño.
Pero además ese comunicado enuncia algunas de las cualidades que han
distinguido entre su amplio auditorio al noticiero de Aristegui
–información plural y liderazgo de audiencia– atribuyéndoselas
a otros, lo que equivale a reconocérselas en el acto mismo en que se
las niega.
Con ese acto de exclusión y censura, Televisa y el Grupo Prisa
–accionistas mayoritarios de W Radio– le cobran a Carmen Aristegui el
hecho de que haya abierto su espacio noticioso al debate
plural del conflicto posterior a las elecciones presidenciales de
2006, de la llamada ley Televisa y de la reciente reforma
electoral. Es en esto que la corporación defiende sus
intereses económicos y políticos por encima del llamado que ha hecho
en los últimos meses a la defensa de la “libertad de expresión”, pues
el debate público de la ley Televisa, que tuvo
uno de sus espacios privilegiados en el noticiero de Aristegui,
condujo a que la Suprema Corte declarara inconstitucionales algunos de
sus artículos principales, poniendo así en cuestión el
control cuasi-monopólico de Televisa en el ramo de las
telecomunicaciones, y por otro lado, la reforma electoral aprobada por
el Congreso de la Unión acabó con los privilegios de esta empresa y
de TV Azteca en el gran negocio de la publicidad electoral. Si, como
dice Jacques Lacan, el capitalista es la forma moderna que adquiere el
amo de la antigüedad (El reverso del
psicoanálisis, sesión del 17 de diciembre de 1969), en este
caso el amo renuncia sólo temporalmente a la ganancia económica que
representa un noticiero con al más alto rating, para
buscar una ganancia mayor a mediano plazo a través del control corporativo y de su alianza con sectores del poder político.
Pero además es necesario inscribir la exclusión del noticiero de
Carmen Aristegui en el marco de un avance del estado de excepción como
forma de gobierno en la administración de Felipe Calderón.
La reforma constitucional en materia de justicia y seguridad
pública, que ha sido recientemente aprobada por el Senado de la
República –regresándola con algunos cambios a la Cámara de Diputados
para su aprobación definitiva–, establece en el párrafo 12 del
artículo 16 que: “La policía podrá ingresar, sin orden judicial, a un
domicilio cuando exista una amenaza actual o inminente a la
vida o a la integridad corporal de las personas, así como en el caso
de flagrancia, cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado”(La Jornada,
14 de diciembre de 2007). Esta
reforma, además de suprimir la inviolabilidad del domicilio
particular, autoriza el arraigo domiciliario de un sospechoso hasta por
80 días y la intervención de comunicaciones privadas. En la
lucha contra el crimen organizado, como ocurre igualmente en la
lucha contra el terrorismo, todo sujeto es virtualmente sospechoso. De
esta manera, el estado de excepción ha adquirido ya estatuto
constitucional, estableciendo una zona en la que el estado de
derecho queda suspendido y la excepción se confunde con la norma, con el
argumento de que esa inversión entre lo legal y lo ilegal
permite restablecer la legalidad propia del estado de derecho (sobre
esta cuestión cf. Giorgio Agamben. Estado de Excepción.
Adriana Hidalgo editora. Buenos Aires, 2005). A esto se suma
el combate cada vez más militarizado contra el narcotráfico y la
anexión de nuestro país, a través de la llamada Iniciativa Mérida, a la
estrategia estadunidense de lucha contra el terrorismo –en
esta dimensión toma toda su eficacia simbólica la aparición de
Felipe Calderón con uniforme militar en algunas ceremonias oficiales.
Un régimen que requiere para su funcionamiento de ese espacio de
excepción no se lleva bien con el grado de independencia informativa y
de debate público que había alcanzado el noticiero de
Carmen Aristegui. El espacio de excepción sólo se sostiene a costa
de crear y mantener una zona de exclusión –se dice que “en la política
no existen las casualidades”, pero da la casualidad de
que Juan Ignacio Zavala, cuñado de Calderón, fue nombrado
representante de los intereses del Grupo Prisa cuando éste asumió la
Presidencia de la República, y en marzo de 2007 fue nombrado
director de la W Daniel Moreno, periodista cercano a Zavala y por lo
tanto a la familia política de Calderón: ¿se encuentra aquí el origen
del ajuste de cuentas que excluyó a la periodista del
cuadrante de la radio por abrir su noticiero al debate del conflicto
postelectoral?
Ese régimen se va tornando semejante, en los rasgos propios del
estado de excepción, al régimen autoritario gobernado por el Big Brother –Televisa fue la primera televisora que en
nuestro país puso al aire un programa con este nombre–, que describe George Orwell en su novela 1984.
Para ese régimen, todos los miembros de la sociedad están bajo
sospecha, son
presuntos delincuentes o sediciosos, por lo que es necesario
mantenerlos bajo observación, constantemente vigilados y cada uno es al
mismo tiempo un delator potencial de sus semejantes –¿no es
eso a lo que invita la propaganda oficial de la Procuraduría General
de la República, a que cada ciudadano delate a los presuntos
delincuentes que descubra en su entorno cotidiano? Se puede decir
que a la manera de la “neolengua”, cuya invención Orwell le atribuye
al tirano y sus colaboradores, en la que una cosa quiere decir al mismo
tiempo lo contrario de lo que comúnmente dice, cuando
Televisa y sus personeros defienden la “libertad de expresión” –en
su intento de recuperar el negocio millonario de la publicidad electoral
que la reciente reforma les arrebató–, en su
“neolengua” quieren decir: “suprímanla”. Discurso y prácticas de un
amo corporativo a la altura del régimen de excepción que empezamos a
vivir.
Artículo publicado en La Jornada Jalisco el miércoles 16 de enero de 2008
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