Flavio Meléndez Zermeño
El 30 de enero de este año
16 jóvenes, varios de ellos menores de edad, murieron masacrados en
ciudad Juárez. Cuando celebraban una fiesta de cumpleaños un
grupo de sicarios irrumpió en la casa en que se encontraban y los
acribillaron, dejando heridos además a otros 29 -después de estos
sucesos habrá que preguntarse si para los adolescentes de esa
ciudad y sus padres, y para los de las demás ciudades de nuestro
país, volverá a ser lo mismo asistir a una fiesta. El 19 de marzo otros
dos jóvenes, Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco
Arredondo, becarios de posgrado del Tecnológico de Monterrey,
murieron al quedar atrapados en el fuego cruzado del enfrentamiento
entre militares y Zetas, en al campus de esa institución de
educación superior en la ciudad de Monterrey. Al día siguiente dos
niños, Uziel y Gamaliel Juárez Mariano, de 7 y 10 años de edad, murieron
en Villa Cuauhtémoc, Veracruz, en medio del
enfrentamiento entre dos grupos del crimen organizado. Estos son
solamente algunos de los “daños colaterales” de la “Guerra contra el
crimen organizado” iniciada por el Infierno Federal que
encabeza Felipe Calderón.
En este panorama de temor
generalizado ante el tsunami de la violencia en el país, las
legislaturas de 18 estados de la República han aprobado leyes que
penalizan el aborto, convirtiendo en delito el deseo de una mujer de
interrumpir un embarazo cuando considera que no cuenta con las
condiciones para dar lugar a una nueva vida. Estas leyes,
aprobadas principalmente por el PAN y el PRI, pero en algunos casos
con el voto de algunos partidos que se declaran de izquierda, se han
fundamentado en el llamado “derecho a la vida”.
El movimiento de los
derechos humanos surge fundamentalmente después de la segunda guerra
mundial, en buena medida como respuesta a las atrocidades del
genocidio llevado a cabo por la Alemania Nazi. Aquellos son el
resultado de la entrada de la vida humana en el ámbito regulador del
derecho, con la intención de proteger la vida y poner un límite
al goce que alguien puede tener sobre el cuerpo de un semejante.
Tenemos aquí lo que el filósofo francés Michel Foucault denominó
“Biopolítica”, caracterizada por el hecho de que el poder estatal
se hace cargo de organizar, controlar, moldear el ámbito de la vida
de los llamados “ciudadanos” y de la población tomada como conjunto. El
slogan Para que la droga no llegue a tus
hijos, que forma parte de la guerra desatada por Calderón, es
un buen ejemplo de cómo opera la Biopolítica: el sujeto del que se ocupa
es uno que no puede decidir sobre su cuerpo y la vida
que lo habita; en este caso es incapaz de decidir si usa o no una
droga, por lo que el Estado tiene que intervenir en su auxilio para
impedírselo.
Sin embargo, es necesario
admitir que ningún derecho está hoy menos garantizado que el derecho a
la vida –como afirma el también filósofo Roberto Esposito.
El hecho de que aproximadamente mil millones de personas se
encuentren sufriendo hambre en el mundo, además de las guerras
interminables por la imposición de la democracia, y en el caso de
nuestro país, las miles de muertes producidas por la guerra del
licenciado Calderón, son una muestra de que los discursos que defienden
el derecho a la vida no pasan de ser una perorata que está
al servicio de una extraña lógica, que muestra de manera
privilegiada su estructura en esa paradoja constituida por el hecho de
que en México se defiende el derecho a la vida de los que todavía
no nacen pero se considera como “daño colateral” que las vidas
todavía no realizadas de niños y jóvenes se vean interrumpidas
violentamente en una guerra que ellos no decidieron, para protegerlos
de un peligro que resulta ser menor que la medicina que terminó con
su vida –¿alguien ha escuchado hasta ahora a los defensores de la vida
protestar por la muerte de estos jóvenes, protestar con
el mismo ahínco con que lo hacen en contra de la despenalización del
aborto o siquiera expresar públicamente sus condolencias a las madres y
los padres que perdieron irremediablemente y de manera
atroz a sus hijos? Para colmo, en el caso de los estudiantes de
Juárez y de Monterrey, instancias del gobierno reiteraron el gesto de
acusarlos, en un primer momento, de ser miembros de la
delincuencia organizada, colocándolos del lado de las vidas que
pueden ser desechables, de los cuerpos que no importan para el biopoder.
De tal manera que ese
derecho a la vida termina por ser un derecho abstracto que defiende una
vida abstracta mientras esta no se concrete en la realidad
social en la que habita. Una vez que esa vida se encuentra en el
mundo de las relaciones sociales queda totalmente desamparada, sometida
al vaivén de las regulaciones de la Biopolítica y del
mercado capitalista, en donde esa vida misma terminará por
convertirse, dadas las condiciones adecuadas, también en una mercancía.
Este es el desamparo que la posmodernidad ofrece a la vida de
cada uno, en un ambiente en que solamente la competencia feroz
permite adquirir en el mercado condiciones de vida que hagan que esa
vida no sea prescindible.
“Que la droga no llegue a tus hijos…
las balas, el desempleo, la falta de oportunidades para estudiar y
acceder a la cultura, el hambre, no son
asunto nuestro sino de tu libertad y autonomía como ciudadano, son
los males necesarios y colaterales que permiten que nuestra sociedad
siga funcionando para usufructo de unos cuantos”.
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